El informe Foessa ‘Análisis y perspectivas 2021, Sociedad expulsada y derecho a ingresos’, constata el gran deterioro de las condiciones de los españoles
La Fundación Foessa (Fomento de Estudios sociales y Sociología aplicada) se constituyó en 1965 y fue pionera en España en los informes sobre la situación y el cambio social en nuestro país.
El último estudio hecho público, ‘Análisis y perspectivas 2021, Sociedad expulsada y derecho a ingresos’, trata de los resultados de una encuesta que se ha hecho durante el primer trimestre de este año a más de 7.000 hogares, lo que supone 18.000 personas. Y en ella se constata lo siguiente:
-Gran deterioro de las condiciones de vida del conjunto de los hogares. En 2021 ya son más de 11 millones las personas que se encuentran en exclusión social en España. De ellas, 2,5 millones de personas son nuevas respecto a lo que ocurría en 2018.
Los hogares en los que no se sufre ningún rasgo indicativo de exclusión son sólo 4 de cada 10, lo que supone un descenso de 7,4 puntos respecto a 2018.
Esto supone “una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”.
-Los grandes damnificados son los mismos perdedores de siempre. Algo que hemos comprobado también a través de la acción social de Cáritas. La pandemia ha golpeado con más fuerza a los más frágiles, a los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social ni tenían el soporte de mecanismos de protección propios, que ya traían desgastado desde la crisis de 2008.
Por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, con un incremento de casi 2 millones de personas respecto a 2018.
-La existencia de un sistema de protección social amortigua el impacto de la crisis, pero su escasez o ausencia lo amplifica. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las medidas más importantes aprobadas para la emergencia en el momento actual y por su constitución como prestación no contributiva garantista de un nivel mínimo de renta para los más pobres. Pero en su configuración y normativa actual ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes.
Sólo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite. Y sólo el 18,6% de los solicitantes lo está cobrando o lo tiene concedido. Al 49% le ha sido denegado. Y un 32,6% de los hogares que lo han solicitado siguen esperando una respuesta.
-Qué retos tenemos como sociedad:
1. Devolver su dignidad al trabajo para crear empleo decente.
2. Necesidad urgente de políticas públicas suficientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista de nuestros derechos.
3. La brecha digital es un motor de exclusión social que reduce o limita las oportunidades de participación en la sociedad.
4. La pobreza y exclusión social siguen golpeando con más fuerza en España a la población menor de 18 años.
5. La población inmigrante se aleja un poco más de la inclusión social.
6. Esta crisis, además de sanitaria, económica y social, ha sido mental.
7. Es necesario consolidar un sistema de garantía de rentas que proteja realmente. El IMV debe seguir mejorando en cobertura y protección para ser efectivo
